Norby Pulido es una lideresa social de Villarica, al norte del Tolima | Imagen: Elena Bulet
Defensoras en peligro
Desde que se firmaron los Acuerdos de Paz en 2016, más de mil líderes sociales han sido asesinados en Colombia, según las cifras publicadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz a finales de agosto
“Después de una marcha, después de una protesta, después de una denuncia… esperas el golpe. Tienes que cuidarte mucho”, declara Estebana Ortiz, defensora de derechos humanos especializada en violencia de género que tuvo que exiliarse a España a mediados de 2018 después de ser amenazada de muerte.
“En Colombia —cuenta Esteana—, yo coordinaba el proyecto de organizar y formar a los garantes de la Ley 1257 [Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres] en los 23 municipios del departamento del Atlántico. Organizaba y formaba a los grupos de mujeres víctimas de violencia de género, hacíamos pactos simbólicos entre las dos partes anteriores y entregamos un documento de propuesta de mejora, o de garantía de aplicabilidad de la Ley 1257”.
Originaria de Barranquilla, en el norte de Colombia, Estebana militaba en diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y también hacía parte de la Red de Mujeres. A raíz de su experiencia en casos de violencia de género, explica que cuando desde la Gobernación del Atlántico necesitaban a una experta en equidad de género la contactaban. Ella asumió el riesgo de coordinar un proyecto de equidad de género con funcionarios públicos:
“Asumo el riesgo de confrontarme a ellos cuando, con los casos en la mano, les expongo que no están cumpliendo la Ley 1257 que protege a las víctimas de la violencia de género. […] Imagínese decirle a un abogado, que conoce las leyes escritas mejor que yo, que en la práctica no lo está haciendo como debe hacerlo, demostrándoselo a partir de casos concretos con víctimas. Imagínese ese riesgo. Ganarse enemigos por la no aplicabilidad de la ley. Yo lo asumí porque es una orden de aquí”, explica la lideresa, mientras su dedo índice apunta a su corazón.
“Desde ese día de mi cumpleaños no pude volver a mi casa”.
Estebana cuenta así cómo acabó viéndose obligada a exiliarse en España: “La gente me iba avisando, ‘que me iban a buscar, que me iban a buscar…’, pero yo continuaba. Hasta que llegó un día que yo no llegué a casa. Salí de un taller con una comunidad, y en el camino, como cumplía años, las amigas me ofrecieron una comida y me fui con ellas a comer. Pero ellos pensaban que iría directa a casa, y allí en la casa me estaban esperando. Preguntaron a mi madre con nombre y apellidos por mí. Entraron a mi casa, a mi cuarto. Por fortuna mi hijo no salió de su cuarto, pero le dijeron: ‘Hoy te quedas sin mamá’. Y a mi madre le dijeron ‘hoy te quedas sin nuera’, porque como ella es blanquita y yo soy morena, se pensaron que era mi suegra. Miré el teléfono y tenía muchas llamadas perdidas de mi mamá. Pensé, ‘¡ay que pesada!’, porque ella me controlaba mucho. Aparté el teléfono e intenté continuar con mis amigas, pero ya otros conocidos me avisaron de lo que había ocurrido."
La defensora de derechos concluye su relato: "Finalmente, esa noche me fui con unos amigos que me ofrecieron refugio y me fui para Bogotá, también allá tengo una hija estudiando. Pero en la ciudad me dijeron que no me podía quedar en el país, y ya tuve que brincar hacia Madrid. Y de Madrid a Valencia, y de Valencia a, Barcelona. Desde ese día de mi cumpleaños no pude volver a mi casa. Pero todas mis compañeras de las diferentes organizaciones me han ayudado mucho. Sin ellas no habría tirado adelante mi familia”.
De su experiencia de desplazamiento forzado, de su exilio, Estebana remarca que se resistió mucho tiempo a irse porque se sentía necesaria en su comunidad. “Imagínese el dolor de estar aquí cuando siento que allí necesitan centenares de Estebanas. ¿Por qué tengo que huir de mi país? ¿Por estar haciendo el bien?”, se pregunta Ortiz, que asegura que conoce al menos 30 lideresas exiliadas.
“¿Por qué tengo que huir de mi país? ¿Por estar haciendo el bien?”.
Vivienda en el resguardo indígena de Chenche Balsillas, en Coyaima, donde muchos de sus habitantes se vieron obligados a desplazarse forzosamente | Imagen: Elena Bulet
Desde que reside en Barcelona, Estebana se ha integrado a Mujeres Pa’lante, un colectivo de expatriadas fundado por exiliadas colombianas que, como reza su lema, son conscientes de que “lo importante es saber que al llegar hay una mano de mujer que nos acompaña”. Uno de sus objetivos principales es “romper el cliché de la mujer migrante víctima”.
Desde que se formó alrededor del año 2007, Mujeres Pa’lante ha creado una cooperativa de trabajo que ofrece cursos, asesorías y acompañamiento para mujeres migrantes, además de un servicio de cáterin y diferentes talleres de fortalecimiento personal. En cuanto a trabajo por la paz, la organización promueve la solución pacífica de los conflictos y la formación en mediación entre las mujeres a través de una amplia oferta de cursos de negociación femenina.
LAS CIFRAS DE LA VERGÜENZA
Según recoge la subdirectora de la Corporación Humanas, Luz Piedad Caicedo, entre febrero de 2018 y marzo de 2019 se registraron más de 400 amenazas a lideresas. Caicedo denuncia que “los programas de protección de mujeres no funcionan”, y que por eso “hay mujeres que, pese a serlo, no quieren ser llamadas lideresas”.
Luz Marina Becerra, lideresa de la Coordinadora de Mujeres Afrodescendientes en Resistencia (La Comadre), coincide con Caicedo y asegura que “las mujeres que luchan por los derechos humanos y la paz siguen viviendo la estigmatización por el trabajo de liderazgo en su territorio, son violentadas sexualmente… Sufrimos porque el Acuerdo de Paz generó mucha esperanza en casos de mujeres, pero vemos que esta paz que habíamos soñado no ha llenado las expectativas, porque el conflicto continúa”.
“Las defensoras de derechos humanos somos víctimas colaterales del conflicto armado”.
Estebana Ortiz suscribe las palabras de sus compañeras y se pregunta “¿Qué ha traído toda esta lucha por los derechos humanos y sociales a las mujeres? Amenazas, aumento de los feminicidios… La denuncia empodera a las víctimas, pero a la vez pone en peligro a ella y a los defensores de derechos humanos que la acompañan. Las defensoras de derechos humanos somos víctimas colaterales del conflicto armado, ya que en la medida que vas ganando ese protagonismo te vas convirtiendo en víctima como lideresa social”.
Las cifras oficiales corroboran las palabras de las lideresas, y la desprotección que sufren los líderes y las lideresas sociales que luchan por la paz y los derechos humanos en el territorio continua. La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció que en 2019 se reportaron más de 1.300 amenazas a defensores de derechos humanos.
El informe del Instituto de Estudios por el Desarrollo y la Paz (Indepaz) Todos los nombres, todos los rostros, denuncia que 702 líderes sociales y defensores y defensoras de la vida y del territorio fueron asesinados entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019. Además, según el informe de la Fundación Ideas para la Paz Dinámicas de la confrontación armada y su impacto humanitario y ambiental. Tendencias en la pandemia, entre enero y abril de 2020 “las agresiones a líderes sociales aumentaron un 10%, y los homicidios un 53%”.
“Entre enero y abril de 2020 las agresiones a líderes sociales aumentaron un 10%, y los homicidios un 53%”.
De igual forma, en su informe de 2017/2018 de la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional también recogía un aumento del número de homicidios de mujeres en puestos de liderazgo en Colombia. Estebana Ortiz, igual que reconocidas académicas feministas como Judith Butler, considera que el empoderamiento de las mujeres está relacionado con el aumento del feminicido en Colombia, y en la costa Caribe colombiana, en particular:
“Te dicen ‘la mató el marido’. Sí, pero la mató el marido por toda la presión social que el mismo sistema hace. Porque esa mujer sale a un proceso organizativo. Esa mujer ha de salir a una reunión semanal, o si ya está en el nivel departamental ha de viajar, o si ya está a nivel nacional, ha de agarrar un avión. Entonces termina el marido asesinándola por la presión que el mismo Estado te hace”, condena Estebana.
Por su parte, Luz Piedad Caicedo destaca que pese al aumento de feminicidios, sigue siendo mayoritario el asesinato de líderes hombres, pero ahora las mujeres son más visibles. Según las cifras del informe de la Comisión Colombiana de Juristas publicado en diciembre de 2018 ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo, el 83,65% de las víctimas de violaciones del derecho a la vida registradas en el período del post acuerdo pertenecían al género masculino, el 14,78% al femenino y el 1,55% a la población LGTB.
DESAMPARADAS POR LA IMPUNIDAD
Las cifras de asesinatos de líderes sociales demuestran una clara falta de garantías de seguridad por parte del Estado colombiano, pero los resultados de algunas investigaciones realizadas recientemente permiten ir más allá.
Según el informe que el Relator Especial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michel Frost, publicó en marzo de 2020, la tasa de impunidad sobre asesinatos de personas defensoras de derechos humanos está alrededor del 95%. Además de la preocupación por tan altas tasas de impunidad, Michel Frost también reprueba con rotundidad las declaraciones de algunos dirigentes políticos, funcionarios públicos, personas influyentes, y también del sector privado y miembros de grupos armados ilegales que estigmatizan a los y las defensoras como “guerrilleros”, “terroristas”, “antidesarrollo” o “informantes”.
“La tasa de impunidad sobre asesinatos de personas defensoras de derechos humanos está alrededor del 95%”.
Flor Múnera, luchadora sindical y defensora de derechos humanos que tuvo que salir desplazada de Tolima por una orden de captura proveniente de organismos de seguridad del Estado, y que posteriormente se exilió por su implicación en las luchas campesinas, también destaca el peligro y la estigmatización que reciben las personas defensoras de los derechos sociales en Colombia.
Hoy, desde Ibagué, la capital del Tolima, Múnera es la portavoz de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP), y explica el dolor que le producen todos los compañeros que ha tenido que enterrar. “Hemos padecido —explica Flor— uno de los crímenes más atroces de esta humanidad, la desaparición forzada. Tenemos compañeros que han sido desaparecidos, detenidos, exiliados y asesinados y ha sido una de las cosas que más le marcan a uno en este trabajo. Perder todos esos compañeros".
"Tenemos compañeros que han sido desaparecidos, detenidos, exiliados y asesinados y ha sido una de las cosas que más le marcan a uno en este trabajo".
Flor Múnera en su despacho del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en Ibagué, capital del Tolima | Imagen: Elena Bulet
En relación a la impunidad, el Programa Somos Defensores consultó a la Fiscalía General de la Nación con respecto al estado de las investigaciones por 563 casos de homicidios registrados por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH). Los resultados muestran que tan sólo el 8,5% de los casos se encuentra en la fase de ejecución de penas y la mayoría de los casos (el 64%) se encuentran en estado de indagación. Por su parte, Amnistía Internacional denuncia que muchas amenazas de muerte contra activistas se atribuían a grupos paramilitares. Sin embargo, en la mayoría de los casos las autoridades no identificaban a los responsables de las muertes que seguían a las amenazas.
La situación de indefensión e impunidad hace que algunas de las lideresas no se atrevan a denunciar, como Estebana Ortiz, que recela de la escasa protección proporcionada por los organismos estatales. “Yo como víctima, en mi caso, no pude hacer una denuncia. Hacer una denuncia de la naturaleza de mi caso en mi país es bastante arriesgado, ya que no se tiene claro quién es el enemigo, y cómo se filtra mucha información en las redes gubernamentales, la denuncia muchas veces facilita información a tus perseguidores. Por eso la mayoría de las líderes preferimos no denunciar. Por riesgo”, denuncia Ortiz.
“La mayoría de las líderes preferimos no denunciar, por riesgo”.
La desconfianza que siente Estebana hacia el sistema judicial colombiano no es un caso aislado. La lideresa exiliada recuerda el caso de dos compañeros y una compañera del departamento del Atlántico que denunciaron, pidieron protección y fueron asesinados. “El compañero Cuero, de Malambo; Brenda en Barranquilla… y así ha pasado con muchos. Se corre más riesgo denunciando”, insiste Ortiz.
“Sectores del Estado han sido cómplices de la estrategia paramilitar que continúa siendo el principal victimario de líderes”.
Los informes de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) denuncian que casi la mitad de los líderes muertos han sido asesinados en sus viviendas, lo que Camilo Bonilla, coordinador del Área de Investigación de la CCJ, califica como una “actuación metódica y selectiva”. Bonilla denuncia que “sectores del Estado han sido cómplices de la estrategia paramilitar que continúa siendo el principal victimario de líderes”. El citado informe de la CCJ identifica los presuntos grupos de victimarios responsables de los asesinatos, amenazas y ataques. Atribuye un 17,12% de los hechos victimizantes a los paramilitares, un 13,62% a grupos armados sin identificación, un 7,39% a desertores y disidentes de las Farc y un 4,28% al Ejército Nacional.
La investigación de la CCJ también recoge que, desde que se firmó el Acuerdo de Paz, la organización política que ha sufrido mayor número de asesinatos de sus líderes es el movimiento político Marcha Patriótica. La memoria de la Comisión Colombiana de Juristas evidencia que “persisten condiciones para que continúen las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra las comunidades afectadas por la minería de carbón a gran escala y los megaproyectos hidroeléctricos, contra sus organizaciones y sus líderes(as)”, a la vez que desvela relaciones entre empresas mineras e hidroeléctricas y paramilitarismo.
La presa de Zanja Honda, parte del macroproyecto de riego del Triángulo del Tolima, se sitúa en el municipio de Coyaima, donde se encuentra el resguardo indígena de Chenche Balsillas. | Imagen: Leider Guerrero.
Violaciones que han quedado impunes tras actuaciones irregulares. Según recoge el documento de la CCJ, cuando un fiscal empieza a investigar los vínculos entre megaproyectos y los asesinatos, puede acabar trasladado. Tal fue el caso documentado de la fiscal que investigaba la relación entre el asesinato selectivo de campesinos acusados de auxiliar a las guerrillas de las FARC-EP y el ELN y el desarrollo del proyecto Hidroituango, que fue trasladada un año después de la Unidad Nacional de Justicia y Paz y enviada al departamento de Caquetá. Además, el informe de la Comisión Colombiana de Juristas también resalta que “desde finales de 2017 se comenzaron a conocer hechos de corrupción al interior del Comando General de las Fuerzas Militares relacionados con la desviación de recursos reservados de inteligencia y contrainteligencia para la adquisición ilegal de equipos de inteligencia y seguimientos ilegales a defensores de DDHH y otros sectores sociales”.
Según los autores de la investigación, “esto puede abrir la posibilidad de plantear como hipótesis que los usos ilegales de la inteligencia estatal han tenido origen en los más altos niveles de planeación de las instituciones militares del Estado y pueden obedecer a la continuación atávica de la lógica del “enemigo interno” inscrita en la doctrina de las fuerzas armadas, lógica que fundamentó miles de crímenes de Estado”. De acuerdo a Bonilla, coordinador del informe de la CCJ, la explicación al aumento de asesinatos de líderes “se encuentra en el hecho de que la implementación a cabalidad del Acuerdo supone transformaciones sociales que ponen en riesgo el rol y la posición hegemónica de ciertos grupos de poder que transitan entre la legalidad y la ilegalidad”.
EL RETROCESO DE LA LÓGICA DE LA PAZ
En el último año, diversas investigaciones periodísticas han revelado funcionamientos internos de las Fuerzas Militares contrarios a la lógica de la paz, que recuerdan a dinámicas practicadas durante los 2000 con un alto riesgo de vulneración de derechos humanos y asesinatos de civiles. Una investigación conjunta del The New York Times y El País desvelaba en mayo de 2019 que los soldados colombianos vuelven a estar bajo una intensa presión, ya que el mayor general Nicacio Martínez Espinel, entonces comandante del ejército de Colombia, ordenó a sus tropas duplicar la cantidad de criminales y rebeldes que matan, capturan u obligan a rendirse en batalla.
Según recogen las entrevistas a militares realizadas por los dos diarios, debido al incremento de la demanda de resultados surgió un nuevo patrón de asesinatos sospechosos y encubrimientos que recuerda las dinámicas de los casos de “falsos positivos” de la década de 2000. Entre 2002 y 2008, un estimado de 5.000 civiles o guerrilleros fueron asesinados fuera de combate, según las Naciones Unidas.
Tal y como ocurrió hace diez años, de nuevo se alienta a los comandantes para que realicen operaciones cuando todavía no están seguros de sus objetivos, y otra vez se ofrecen incentivos a los soldados que aumentan sus muertes en combate. A su vez, de acuerdo a las declaraciones recogidas por The New York Times a inicios de 2019, los militares colombianos recibieron órdenes de “hacer lo que sea”, incluso el uso de grupos paramilitares, para obtener información sobre bandas armadas rivales.
“Los militares colombianos recibieron órdenes de hacer lo que sea, incluso el uso de grupos paramilitares, para obtener información”.
A esta polémica orden, ya retirada, se le suman la trama de espionaje contra más de 130 abogados de derechos humanos, periodistas, corresponsales extranjeros, opositores y hasta el ex secretario general de la Presidencia, Jorge Mario Eastman, según reveló la revista Semana en mayo de 2020, así como las denuncias de violaciones colectivas contra menores pertenecientes a comunidades indígenas, que obligaron al actual comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, a comparecer delante de los medios de comunicación.
Luz Ángela Yate, gobernadora del resguardo indígena de Chenche Balsillas y miembro de la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima (ACIT), confirma en voz propia la desprotección que siente de los organismos oficiales. “Muy frecuentemente no nos escuchan, no nos creen, y por eso nos da miedo salir a denunciar. Es muy difícil contar estas cosas, porque al Estado no le interesa mucho lo que nosotras podamos decirle”, denuncia Luz Ángela.
Interior de la sede de la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, en Coyaima. Sus miembros, igual que Luz Ángela (en la imagen de la derecha), han sido históricamente perseguidos. | Imágenes: Elena Bulet.
Los Acuerdos de Paz contemplaban la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), “un espacio en el que participaban entidades del Gobierno y sociedad civil que fue altamente valorado por líderes y organizaciones sociales, por su importancia para aportar una solución a la violencia en los territorios”, tal y como recuerda el Programa Somos Defensores en su informe anual 2019 titulado La Ceguera. A su vez, mediante el Decreto 1314, en agosto de 2016 se creó la Comisión Intersectorial de Garantías para Defensoras y Lideresas (CIG Mujeres). Sin embargo, con el cambio de Gobierno el espacio se transformó. En su informe de 2020, Michel Frost afirmaba que, aunque por Decreto la CNGS se debe reunir una vez al mes, solo se había citado dos veces desde el cambio de gobierno.
Ante la situación de riesgo e indefensión en la que se encuentran los y las defensoras, organizaciones de mujeres como Sisma Mujer han tomado la iniciativa de protegerse entre ellas. Así, en agosto de 2016 Sisma Mujer entregó al Estado y a la comunidad internacional el Programa de Garantías para Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Una propuesta construida junto con otras 58 organizaciones defensoras de derechos humanos y, en palabras de sus miembros, “en algunos apartados con el gobierno, en otros, a pesar del mismo”.
LAS MUJERES COLOMBIANAS, SUJETAS HISTÓRICAS Y POLÍTICAS
El movimiento de mujeres y feministas de Colombia ha superado todas las adversidades que el propio conflicto y la ausencia institucional les ha generado. A pesar de los miles de obstáculos ha logrado mucho más que la inclusión de la perspectiva de género en los acuerdos y la agenda colombiana para la paz.
Tal y como argumentan las investigadoras de la Universidad Simón Bolívar Dhayana Carolina Fernández-Matos y María Nohemí González-Martínez, las colombianas “mandaron un mensaje claro a la sociedad, esto es, que son sujetas políticas, conocedoras de sus derechos y están dispuestas a ejercerlos; están preparadas y conocen los problemas del país”. Las politólogas concluyen: “el mensaje que han dejado es contundente, si la paz no va con las mujeres, tampoco lo hacen la democracia ni la justicia”.
La lideresa de La Comadre, Luz Marina Becerra, resume el espíritu de la movilización de las mujeres que continúan en pie de paz: “Valoramos lo que pasó en La Habana, pero la paz va más allá de entregar las armas. Tiene que ver con la materialización de los derechos”.
Estebana Ortiz destaca, en la misma línea que “no hay paz posible sin justicia social ni sin seguridad vital”, una idea que ha sido comprobada en cientos de investigaciones realizadas en el país. Juliana Martínez, actual Secretaria de las Mujeres de la ciudad de Medellín, sitúa el foco de los orígenes del conflicto en la desigualdad. Para ella “el conflicto sociopolítico que vive Colombia desde mediados del siglo XX tiene sus raíces en la exclusión y la desigualdad social de las que se ven más afectadas las mujeres”.
“No hay paz posible sin justicia social ni sin seguridad vital”.