Colectivo de mujeres víctimas supervivientes del conflicto que conforman una cooperativa agropecuaria en Ataco, Tolima. | Imagen: Elena Bulet
Cartografía de colombianas por la paz
Cientos de organizaciones de mujeres a lo largo del territorio reclaman que se cumpla lo pactado en los Acuerdos de Paz
Desde la costa pacífica a la costa atlántica, desde las áreas rurales más impactadas por el conflicto armado a los barrios de concentración de población desplazada en las grandes ciudades. Las campesinas, las amas de casa, las ganaderas, las productoras, las empresarias, las profesionales, las mujeres indígenas y negras, las lideresas con todos los acentos posibles en un país diverso llevan décadas luchando por ser escuchadas y reparadas. Ellas reclaman también el fin de las hostilidades.
Ahora, las víctimas-supervivientes empoderadas reclaman que se cumpla lo pactado en los acuerdos de paz. Además de las organizaciones y lideresas que hablan directamente en el reportaje, a lo largo del territorio hay cientos de redes de mujeres de soporte mutuo, algunas que probablemente no tienen ni nombre, pero que hacen también una función de reconstrucción del tejido social y que aseguran el empoderamiento de las víctimas. Según recoge María Villellas en su artículo La participación de las mujeres en los procesos de paz. Las otras mesas, tras haber sufrido el impacto de la violencia, las mujeres pueden comprender mejor a las otras víctimas. Además, por el hecho de ser mujer y compartir luchas contra el patriarcado y la discriminación, también son capaces de empatizar con las mujeres “enemigas”.
También para Nancy Arias, lideresa de la Mesa Departamental de Víctimas del Tolima, las mujeres víctimas-supervivientes del conflicto son las personas más indicadas para realizar esta labor por su capacidad de empatía y mediación: “Las mujeres no nos enfocamos tanto en el roce de estar agarradas por pequeñas cosas. Los hombres viven buscando en todo momento el enfrentamiento. Por el tema del machismo es como que no son capaces de bajar la cabeza y pedir perdón, reconocer que la cagaron. Mientras que las mujeres sí”.
Leonoricel Villamil también destaca cómo desde el territorio donde habita, en el corregimiento de Gaitania, las mujeres han demostrado su capacidad para construir paz, pese a los prejuicios machistas que las infravaloran:
Leonorocel Villamil es la impulsora de Voces de Mujeres Rurales Urbanas por la Paz de Gaitania, en el municipio de Planadas, Tolima. | Imagen: Helena Rodríguez
“Estamos acá paradas, con la frente en alto, para que no vuelva a ocurrir”.
“Creen que las mujeres no somos capaces de administrar y de manejar cosas y se equivocan, porque las mujeres somos más conscientes y organizadas, y lo hemos demostrado".
"De hecho, lo hemos demostrado en el corregimiento, en el municipio de Planadas, donde hemos trabajado incansablemente en el proceso de paz al que nos vinculamos sin miedo. Ya los miedos los vivimos en la guerra... Que no vayamos a retroceder [en la paz] por nada en el mundo, aunque nos toque intermediar a nosotras. Estamos acá paradas, con la frente en alto, para que no vuelva a ocurrir”.
La construcción de paz y la lucha de las víctimas-supervivientes se remonta hasta antes del último proceso de paz. Un ejemplo de las muchas organizaciones de mujeres de todo el país que llevan años en defensa de los derechos de las víctimas-supervivientes es Narrar para vivir, una asociación de mujeres víctimas del municipio de Montes de María fundada en el año 2000. Son ellas las que lo cuentan:
“Aquellas que fuimos tomadas como botín de guerra decidimos organizarnos como una estrategia de resistencia civil de las mujeres y como forma de contrarrestar el dolor de la pérdida de los familiares, el sentido de la vida y duelos postergados. Realizamos encuentros basados en la confianza, acompañamiento psicosocial, la fuerza de la palabra y la tradición oral que va de generación en generación, con tal de salir de ese estado victimizante reconstruyendo nuestros proyectos de vida y aportando a la reconstrucción del tejido social de las comunidades como gestoras de paz”.
De la misma forma que Narrar para vivir, muchas de las asociaciones y redes de soporte mutuo están conformadas por mujeres víctimas de violencia sexual. Al comparar los datos generales y los desglosados por género del Registro Único de Víctimas de marzo y abril de 2020, se extrae que las mujeres constituyen el 51% de las víctimas de desplazamiento forzado, el 47% de las de homicidio y el 89,2% de las de violencia sexual dentro del conflicto armado colombiano.
SOBREVIVIR A LA GUERRA EN EL CUERPO Y CONTARLO
El artículo La paz sin las mujeres ¡No va! El proceso de paz colombiano desde la perspectiva de género (2019), recoge que “todos los actores del conflicto —Estado, guerrilla y grupos paramilitares— emplearon la violencia sexual contra las mujeres como estrategia de guerra; sin embargo, manejaron distintas modalidades”. Según recogen las autoras del texto, Dhayana Carolina Fernández-Matos y María Nohemí González-Martínez, los distintos grupos armados compartieron algunas modalidades de violencia sexual, “la más significativa de las cuales fue la violación: todas las partes en el conflicto violaron mujeres”.
Luz Ángela Yate, actual gobernadora del resguardo indígena de Chenche Balsillas, situado en Coyaima (Tolima), fue violentada sexualmente por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), como muchas otras mujeres de su comunidad durante el conflicto armado. “Mi comunidad fue azotada del 2000 al 2005, hubo muchas mamitas que se tuvieron que ir. Acá, tuvimos la entrada primero de la guerrilla y luego de las AUC. Ellos violentaron muchas mujeres, nos violentaron, porque yo soy una víctima más de eso. Y por eso me siento fortalecida. En mí, el miedo que tenía ya se me fue, pero es algo que a uno le queda marcado como mujer”, confiesa Luz Ángela.
“No tenemos que tener ese miedo por eso que nos sucedió, sino que hay que comentarlo”.
La gobernadora indígena ha tenido el valor de contar lo que le hicieron, y ahora trabaja porque las demás mujeres del resguardo también puedan explicar sus experiencias: “Esa es la idea mía para este año como líder de mi comunidad: buscar la forma de hablar con esas mamitas que tuvieron ese tipo de problemas, impulsar que ya no tenemos que tener ese miedo por eso que nos sucedió, sino que hay que comentarlo, ir a los entes en donde nos escuchen”. Luz Ángela, a su vez, lucha actualmente “por formar y hacer parte de una asociación de víctimas”.
Jóvenes madres del resguardo indígena de Chenche Balsillas, en Coyaima, Tolima. | Imagen: Elena Bulet
Luz Piedad Caicedo, quien además de subdirectora de la Corporación Humanas es antropóloga y politóloga, explica que “hay una parte de la violencia sexual que se instrumentaliza para castigar y desplazar a la población, pero hay otra parte que está naturalizada. Los soldados se creen que es seducción lo que realizan cuando van con un fusil en la mano”.
Caicedo cuenta que en el año 2005 decidieron organizarse para “formar un organismo que velara por la justicia de las mujeres víctimas de la violencia sexual, pero no solo en la guerra sino también en el contexto ordinario”. Así, la función de su organización es representar a mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en los juicios y darles asesoría legal porque, según lamenta Caicedo, “la desinformación que tienen sobre sus derechos es lamentable”.
“Esta es nuestra forma de construir paz —continúa Caicedo—, apoyando a las víctimas, pero también asesorándolas en términos legales para que empiecen a conocer sus derechos y no ignoren que la violencia sexual es un delito muy grave”. Un trabajo de asesoramiento legal, acompañamiento emocional y apoyo formativo y político similar al que hacen la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales y la Corporación Mujer Sigue Mis Pasos.
SORORIDAD PARA RESISTIR EL DESPLAZAMIENTO FORZADO
Otro de los principales hechos victimizantes del conflicto armado colombiano que las mujeres supervivientes resisten cuando construyen redes de soporte es el desplazamiento forzado. Más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia han generado el desplazamiento de más 8 millones de personas dentro de las fronteras de su propio país, según los datos del Registro Único de Víctimas de mayo de 2020.
De hecho, a finales de 2019 Colombia registró el mayor número de personas desplazadas internamente a nivel mundial, y también fue el segundo país del mundo en número de acogida de refugiados, con 1,8 millones, según datos de la ACNUR, que incluían a los venezolanos desplazados en el extranjero.
De las víctimas del conflicto en Colombia, las personas desplazadas son el mayor grupo, y las mujeres y niñas —que representan más de la mitad del total de las personas desplazadas— son particularmente vulnerables. Según informaba Adri Villa, asistente de protección comunitaria de ACNUR, a mediados de 2018, “hay una profunda interconexión entre la violencia sexual y el desplazamiento”.
“La agresión a la mujer es una estrategia para apropiación del territorio, dado que generalmente la víctima de violencia sexual se ve obligada a desplazarse”.
Según recoge el informe del Consejo Noruego para Refugiados apoyado por ACNUR Buenaventura, Colombia. Realidades Brutales. Desplazamiento Forzado y Violencia Sexual Basada en Género, publicado en 2014, “la agresión a la mujer es una forma de control, de superioridad por parte de un grupo armado ilegales y sobre todo una estrategia para apropiación del territorio, dado que generalmente la víctima de violencia sexual se ve obligada a desplazarse”.
Pero la vinculación entre violencia sexual y desplazamiento forzado no acaba aquí. Según los datos recogidos por la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Corporación Sisma Mujer en el 2009, el 52% de las mujeres han sufrido algún tipo de maltrato físico con posterioridad al desplazamiento forzado y el 36% han sido forzadas por desconocidos a tener relaciones sexuales.
Las trabajadoras humanitarias explican que las mujeres desplazadas, preocupadas por necesidades inmediatas como encontrar comida y alojamiento y alejadas de las redes de apoyo de sus familias, son particularmente vulnerables a la explotación sexual mientras buscan cobijo en los márgenes de la sociedad.
Una de las cifras de personas desplazadas forzosamente hace referencia a Heidi Johanna Rojas, quien actualmente vive con sus dos hijos, su pareja y su madre en la vereda La Cabaña, en el municipio de San Sebastián de Mariquita, en el norte del departamento del Tolima. Ella es la cara de una de las cifras de desplazamiento forzado. Heidi Johanna narra las consecuencias de la llegada de los paramilitares a su comunidad y explica las afectaciones personales que le supuso el desplazamiento forzado.
“Yo salí desplazada en el 2005. Me hicieron ir de mi casa porque decían que nosotros teníamos que ver con la guerrilla. Para evitar malentendidos nos tocó salir (...). Sí me considero víctima, porque en ese entonces yo vivía bien acá. Como pobres, pero no nos hacía falta la comida o el techo. Y que llegue de la noche a la mañana un grupo de gente que te diga que te tienes que ir para evitarles inconvenientes y tienes hasta tal plazo y si no, te atienes a las consecuencias... Eso me marcó, aparte de ver que lo citaban a una para una reunión y en la misma cogieron a un muchacho y delante de toda la comunidad lo ultimaron ahí, en la escuela. Yo decía, si eso pasó delante de la comunidad, que le pueden hacer a una. [Cuando se desplaza] una deja de vivir muchas cosas, esos años en los que me fui no pude estar con mi mamá”.
A la izquierda, Heidi Johanna Rojas, impulsora de una asociación de mujeres para producir y comercializar aguacate y guacamole.
A la derecha, su madre, la señora María, con la que vive en San Sebastián de Mariquita, Tolima. | Imágenes: Elena Bulet
Desde su regreso a La Cabaña, Heidi ha focalizado sus esfuerzos en que las mujeres adultas de su comunidad puedan estudiar en la vereda y también en crear una asociación de mujeres para producir y comercializar el aguacate y su producto derivado, el guacamole. De este modo, busca conseguir una autonomía para ellas y también ser un modelo para sus hijos.
Igual que Heidi, para sobrevivir a la condición de desplazamiento forzado, muchas mujeres se organizaron, tejieron redes de soporte mutuo y de sororidad. Una de las formas de organizarse y resistir a la situación adversa que viven es asociarse en proyectos productivos. La Cooperativa Agropecuaria de Mujeres del Valle Encantado – COAGROMUVE, ubicada en el municipio de Montería (Córdoba), es un ejemplo de los cientos de casos de uniones de mujeres en Colombia que sueñan iniciativas juntas. COAGROMUVE, liderado por la nominada al Nobel de la Paz María Zabala, consiguió que el Estado colombiano les adjudicará, en 1998, la finca “La Duda - El Tomate”, siendo así las primeras mujeres que lograron ser propietarias de una finca otorgada por el Estado.
“Una de las formas de organizarse y resistir a la situación adversa que viven es asociarse en proyectos productivos”.
Según recoge Yusmidia Solano Suárez, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, las mujeres del Valle Encantado han logrado que en su finca de 128 hectáreas no imperen los grupos armados, que los paramilitares les devolvieran los jóvenes que habían reclutado y que este lugar sea denominado “la última cuna de las amazonas”, es decir, un lugar en el que gobiernan las mujeres.
Otro ejemplo similar en Montería es la Asociación de mujeres la Esmeralda - Nuevo Horizonte (ASOESMERALDA), una organización de mujeres campesinas víctimas del desplazamiento fundada en 1998, cuando 45 mujeres desplazadas por la violencia fueron reubicadas en una finca de Montería. Las mujeres de ASOESMERALDA se autoorganizaron para salir de la precariedad material y sacaron adelante su comunidad rural en paz. En su empoderamiento como campesinas desplazadas han realizado todo tipo de labores y han conformado diversos comités como el de ecología, agricultura, ganadería, huertas caseras y fondo rotatorio, como explica la profesora Solano Suárez en su artículo Procesos de resistencia y reconstrucción colectiva emprendidos por mujeres desplazadas por la violencia en Colombia.
Mapa interactivo que recoge más de ochenta organizaciones de mujeres por la paz en Colombia
La Asociación Olla Comunitaria, también en Montería, es otro proyecto comunitario impulsado por la Organización Mujeres Siempre Unidas del Medio Sinú para alimentar a la población desplazada que llegaba a Montería. El colectivo ha obtenido logros importantes en el desarrollo de proyectos productivos y de una guardería para las niñas y niños de las socias y de otras madres trabajadoras de la comunidad. Similar a la Olla Comunitaria, en Ibagué, Tolima, opera la Asociación de Mujeres Desplazadas Semillas de Amor (ASMUDSA), una organización que tiene como misión entregar cada mes víveres y ayuda económica a las personas necesitadas de la comunidad, “para poder ayudar a muchas mujeres madres solteras y necesitadas, huérfanos y viudas”.
Otros de los cientos de ejemplos de la organización de las mujeres que trabajan a favor de las víctimas del conflicto en Colombia son la Liga de Mujeres Desplazadas (que trabaja en los municipios de Turbaco, Carmen de Bolívar y Cartagena), la Liga Internacional de Mujeres por La Paz y La Libertad Colombia (en Bogotá), la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida (en Mocoa, Putumayo), la Asociación de Desplazados “Revivir al futuro” (en Soacha, Cundinamarca) o la Asociación Yo Mujer (en Bogotá). La larga lista de asociaciones de mujeres desplazadas recorre todo el territorio nacional.
MUJERES AFROCOLOMBIANAS E INDÍGENAS, TESTIMONIOS DE LA AFECTACIÓN DIFERENCIAL
Luz Marina Becerra es otra víctima de desplazamiento forzado y de violencia sexual que se organizó con otras mujeres para reclamar sus derechos y trabajar por la paz. Su asociación, la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (COMADRE) —integrada dentro de la Asociación Nacional de Afrocolombianos (AFRODES)—, nació en el año 2000 para ofrecer una alternativa autónoma en el acompañamiento diferencial, con un enfoque étnico y de género, a las mujeres negras.
A nivel personal, Luz Marina explica que se vinculó a AFRODES porque ella misma ha vivido afectaciones diferenciadas en el conflicto colombiano: “En mi familia hemos puesto diferentes muertos… Yo soy víctima del reclutamiento de mis hijos, de desapariciones familiares, de violencia sexual... en una sola mujer, se concentran varios hechos victimizantes”. Desde el momento que se vincula a la organización de mujeres asume la coordinación del área de género: “A partir de este proceso empiezo a ver y a identificar las afectaciones diferenciadas de las mujeres negras”, explica Luz Marina. Según datos de ONU Mujeres, las mujeres pertenecientes a grupos étnicos indígenas y afrocolombianas se han visto afectadas de manera desproporcionada por la violencia derivada del conflicto: de 3.445 casos de homicidios de personas indígenas y afrocolombianas, el 65,5% eran mujeres.
“De 3.445 casos de homicidios de personas indígenas y afrocolombianas, el 65,5% eran mujeres”
“Las mujeres aún están muy afectadas, necesitan narrar todo esto que han vivido”.
“Con este objetivo —continúa Luz Marina— en el año 2001 empiezan las primeras capacitaciones que dedicamos a la formación de mujeres como sujetas de derechos, en la ciudad de Bogotá. Después se propone hacer encuentros regionales en Cali, Tumaco, Quibdó, Bogotá y luego uno nacional, y a día de hoy la COMADRE tiene presencia en 23 territorios colombianos”.
Según Becerra, “uno de los fallos después de la firma de los acuerdos de paz es que no ha habido un proceso de atención psicosocial idóneo que ayude a superar las violencias del conflicto”. Por eso, desde la organización que coordina, llevan a cabo “dos propuestas de sanación desde los saberes y prácticas ancestrales”. La lideresa explica que “una de las propuestas, muy solicitada, se basa en la narración de las violencias sufridas por las mujeres, y busca ser un espacio de sanación para las mujeres de las bases de la COMADRE, un lugar que combine la psicología occidental con nuestras prácticas ancestrales de escucha”.
Talleres de sanación desde los saberes ancestrales que la Comadre realizó en noviembre de 2019. | Imágenes: Facebook La Comadre
“Las mujeres aún están muy afectadas, necesitan narrar todo esto que han vivido. Para sanar y reconstruir memoria. Cuando explicamos nuestras experiencias, nos trasladamos a nuestro territorio y sentimos paz”, cuenta Becerra. Luz Marina recuerda cómo la iniciativa de sanación surgió a partir del diálogo entre las mujeres que conocieron mientras realizaban el Informe a la Corte Constitucional sobre la situación de las mujeres afrodescendientes víctimas del conflicto armado, elaborado junto a la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) para documentar el Auto 009 de 2015 de seguimiento de la sentencia T-025 de 2004, que reconoce la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad.
A finales de mayo de 2020 la Comadre entregó un nuevo informe, en este caso, a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, el Informe de afectaciones, daños, resiliencia y resistencias de las mujeres afrodescendientes de La Comadre-Afrodes. Tal y como recoge la Comisión, “el proceso de investigación colectiva que emplearon las mujeres de La Comadre muestra las afectaciones de un racismo estructural con violencias basadas en género como lo son la explotación laboral, sexual, el desplazamiento, desaparición forzada y la estigmatización por ser mujer negra”.
VÍCTIMAS ORGANIZADAS: "¡HASTA QUE LA LEY NOS REPARE!"
Las mujeres víctimas-supervivientes también han unido sus fuerzas para incidir en la legislación, entendida como fuente de restitución y garantía de derechos. Así, los cambios legislativos en favor del reconocimiento y la reparación de las mujeres víctimas-supervivientes del conflicto han sido en gran parte fruto del trabajo de incidencia de las propias organizaciones de mujeres.
Asociación agropecuaria de mujeres víctimas supervivientes del conflicto en Ataco, Tolima. | Imagen: Elena Bulet.
La sentencia T-025 de 2004 abordaba la situación de los desplazamientos forzados en Colombia y declaraba un “estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno, al constatar la vulneración masiva, sistemática y grave de los derechos fundamentales de la población desplazada en el país”. Pero en la sentencia no se reconocían los peligros y las violencias específicas que sufren las mujeres desplazadas por el hecho de ser mujeres.
Organizaciones como la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Casa de la Mujer promovieron en 2007 un foro junto con los magistrados de la Corte Constitucional para abordar la afectación particular de las mujeres víctimas de desplazamiento forzoso.
Con este y otros actos de reivindicación, lograron que en 2008 la Corte Constitucional de Colombia denominase las mujeres desplazadas como sujetos de especial protección, en el Auto 092 de seguimiento de la sentencia T-025. Fue la primera vez que la Corte Constitucional dictó un auto que reconocía los riesgos específicos que sufrían las mujeres en el conflicto armado y en el desplazamiento forzoso. Según Luz Marina Becerra, el Auto 092 es clave porque “reconoce 10 facetas de género del desplazamiento forzado, así como los riesgos específicos de género en el conflicto armado y le ordena al gobierno que haga 13 programas específicos para solucionar los vacíos en la política pública en estos ámbitos”. La coordinadora nacional de la COMADRE destaca que uno de estos “es un programa específico de protección de las mujeres negras por la triple afectación que vivimos: el programa de Protección de los derechos de las mujeres afrodescendientes”.
Voces académicas como las de Dhayana Carolina Fernández-Matos y María Nohemí González-Martínez también coinciden en la importancia del Auto. Lo consideran “un fallo histórico porque por primera vez una corporación de justicia analizaba la situación de las mujeres como colectivo frente a un hecho como el desplazamiento forzado”, según destacan sus publicaciones.
“Por primera vez una corporación de justicia analizaba la situación de las mujeres como colectivo frente a un hecho como el desplazamiento forzado”.
Respecto a la implicación de las víctimas, son relevantes los espacios de participación que abre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2011 (Ley 1448). En su título VIII, la Ley establece la creación de las Mesas de Participación de Víctimas, a nivel nacional, departamental, municipal y distrital. Adonaí Rincón y Nancy Arias hacen parte de esas mesas. Pese a los avances que la Ley 1448 supuso, muchas de las afectadas por el conflicto aseguran que no tiene en cuenta la voz de las víctimas. Luz Marina Becerra menciona que “la 1448 tenía grandes vacíos y no reconocía lo que habían sufrido las comunidades étnicas”.
Aun así, los esfuerzos que las instituciones parecen hacer en cuanto a materia de reparación son limitados, pues muchos no consideran el proceso de revictimización al que las mujeres pueden verse expuestas. Este escenario agudiza los impactos emocionales en la salud física, en el deterioro de la calidad de vida de las familias y, principalmente, en el hecho de poder reconstruir una ruta de vida.
Además, se observa una distancia considerable de lo decretado a lo materializado. Las leyes son buenas, pero las propias mujeres advierten de que no se cumplen.Según numerosos autores y organizaciones defensoras de derechos humanos, en Colombia se ha dado una inoperancia e ineficacia de los organismos del Estado encargados de brindar atención en salud física y mental oportuna.
Barrio de Santa Helena, construido para acoger personas desplazadas por el conflicto armado, a las afueras del municipio de Chaparral | Imagen: Elena Bulet.
Organismos que, además, no han apoyado con todos sus recursos a la población víctima en la reconstrucción de condiciones para el goce pleno de sus derechos, según recoge la investigadora Liz Arévalo en su artículo Atención y reparación psicosocial en contextos de violencia sociopolítica: una mirada reflexiva.
“Las víctimas del conflicto armado exigen garantías de acceso a la justicia, así como garantías del derecho a la verdad, a la reparación y, en especial, a la no repetición de los abusos cometidos”.
Amnistía Internacional reafirma la inoperancia también después de los acuerdos de paz de 2016. En su informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia de los años 2017 y 2018, afirma que “las víctimas del conflicto armado exigían garantías de acceso a la justicia, así como garantías del derecho a la verdad, a la reparación y, en especial, a la no repetición de los abusos cometidos —como los desplazamientos forzados y la violencia sexual— para las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en peligro. Aún no se habían satisfecho esas demandas, y la viabilidad a largo plazo del acuerdo de paz se veía amenazada porque no se había llevado ante la justicia a quienes habían perpetrado crímenes de derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y abusos contra los derechos humanos”.
Como contrapartida, el mismo informe destaca que “las organizaciones de mujeres lograron que el acuerdo de paz estableciera que los sospechosos de haber cometido delitos de violencia sexual debían comparecer ante los tribunales de justicia transicional”.
QUE SE CUMPLA LO PACTADO
La falta de aplicabilidad de la reparación de las víctimas llega hasta la actualidad. Desde la firma de los pactos de La Habana, las demandas de reparación de las víctimas se han centrado en pedir el cumplimiento íntegro de los acuerdos. Además, muchas víctimas denuncian que en el Plan Nacional de Desarrollo impulsado bajo el gobierno de Iván Duque no son reconocidas como lo recogen los propios acuerdos.
En septiembre de 2019, más de 500 organizaciones sociales y ONG presentaron un informe tras el primer año del presidente Duque en el poder. Tal y como recoge Amnistía Internacional, “sostenían que el Estado estaba imponiendo un programa de reforma agraria, sustitución de cultivos y ayuda a las víctimas distinto al establecido en el acuerdo de paz, y que estaba reduciendo los fondos para la implementación del acuerdo”.
A su vez, dichas organizaciones “también hicieron hincapié en que el gobierno no promovía legislación para aplicar las disposiciones del acuerdo, en que sus propuestas legislativas eran contrarias a dicho acuerdo y en que estaba socavando el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, según el propio reporte de Amnistía Internacional.
Leonoricel Villamil en la finca de su padre | Imagen: Helena Rodríguez
Posteriormente, cientos de miles de personas salieron a la calle en noviembre y diciembre de 2019 para mostrar su descontento por las posibles medidas de austeridad del gobierno de Iván Duque, así como para demandar que el gobierno cumpliera plenamente las obligaciones contraídas en virtud del acuerdo de paz y que hiciera más para impedir los homicidios de activistas sociales y exmiembros de las FARC-EP.
Una de las víctimas-supervivientes que se ha organizado en su territorio para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz es Leonoricel Villamil, la única mujer miembro del Concejo de Planadas, el principal municipio cafetero del sur del Tolima. Leo, como se le conoce en el pueblo, dedica su acción política a luchar por la mejora de las condiciones de vida de las mujeres rurales.
Villamil es impulsora de la organización Voces de Mujeres Rurales Urbanas por la Paz de Gaitania, el corregimiento de Planadas donde ha vivido toda su vida y donde se ubica la famosa vereda Marquetalia, el lugar simbólico donde se inicia la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A causa del conflicto armado Leo perdió buena parte de su familia. Cuando su hijo fue asesinado, en 2015, se dio cuenta en primera persona del dolor que la violencia causaba y decidió que las mujeres tenían que organizarse para poner fin a las muertes:
“Nos toca empoderarnos, participar, incidir, insistir y darnos a conocer para que nos visibilicen”.
“Cuando perdí a mi hijo dije ‘¿Qué está pasando?’ Sentí en carne propia lo que vivía la otra, entonces les hice un llamado, las recogí y les dije: ‘Bueno mujeres aquí nos toca empoderarnos, participar, incidir, insistir y darnos a conocer para que nos visibilicen y sepan cuál es la vida y qué es lo que nos han tocado vivir’. De ahí ellas me acogieron, me escucharon y hemos participado en todo el proceso de paz de nuestro territorio”, relata la lideresa.
Muy cerca de la finca paterna de Leo, también dentro de los terrenos del municipio de Planadas, se encuentra el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) El Oso, bautizado como “Marquetalia, Cuna de la Resistencia”, donde la exguerrillera Yuliana Cepeda vive junto a su hija y otros excombatientes y sus familias. Ella también denuncia el incumplimiento de los pactos.
A los quince años Yuliana decidió ingresar a las FARC. Después de los Acuerdos de Paz entregó las armas con la esperanza de conseguir una sociedad más justa por la vía pacífica. Ahora está decepcionada de la implicación del Estado en el proceso y denuncia el incumplimiento de los acuerdos sobre reincorporación de excombatientes: “Esto no es una reincorporación como la que se firmó. No estamos pidiendo todas las ayudas y que seamos la niña de los ojos del gobierno, no. Solamente que cumplan. Cumplan porque yo pienso que mal o bien nosotros nos ganamos ese acuerdo”, afirma la exguerrillera.
Yuliana también critica las pobres condiciones de vida del ETCR donde viven y la manera como se llevan a cabo las capacitaciones enmarcadas en los procesos de reincorporación, ya que, aunque forman, no dan los recursos para luego llevar a cabo los proyectos productivos derivados del proceso educativo: “Yo digo, si vienen unas capacitaciones de cómo criar a un marrano, pues démosle el marrano. Para que ellos aprendan, pero no, eso no es así lamentablemente”, denuncia la excombatiente.
Yuliana Cepeda vive en el ETCR El Oso, en Planadas, Tolima | Imagen: Elena Bulet
“Hasta que el Estado no cumpla, siempre va a haber conflicto”.
Adonaí Rincón, lideresa de la mesa de víctimas de Rioblanco, también denuncia la persistencia de la violencia debido a la falta de cumplimiento: “el conflicto armado ahora cambió de nombre. Los señores de las FARC hacen su dejación de armas, a ellos no les cumplen, entonces algunos están retornando a las armas. Cuando dejaron las armas, los paramilitares tampoco les cumplieron. Sigue el conflicto, pero ya con otro nombre. Las FARC ya no se van a llamar FARC, se dicen disidencias y hasta que el Estado no cumpla, siempre va a haber conflicto porque siempre va a haber alguien que no esté de acuerdo”.
LA PAZ QUE DEFIENDEN LAS MUJERES
Las víctimas-supervivientes entrevistadas comparten una idea de paz expansiva, que va más allá del cese de hostilidades bilateral y recoge la necesidad de la igualdad de género y la erradicación de la pobreza, así como la necesidad de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Una concepción de la paz alineada con la propuesta de “paz positiva” que planteaba Johan Galtung, el politólogo noruego pionero en los estudios de paz y conflictos, y que posteriormente Birgit Brock-Utne desarrolló desde una perspectiva feminista para hacerlo inclusivo.
Venus Quiroga, con sencillez y claridad, apunta al concepto de paz positiva como única posibilidad para superar la violencia en Colombia. La coordinadora regional de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, habla con resignación: "Yo hasta ahora, con los años que tengo, no sé qué es vivir en paz en Colombia, son períodos de calma, pero no hay realmente paz, porque la paz empieza si hay justicia social”.
“La paz empieza si hay justicia social”.
Para Venus, la causa victimizante final, que hace víctima a toda Colombia, es la desigualdad: “Víctima somos todos en Colombia, a excepción de la oligarquía, que ellos son los victimarios, pero también los victimarios son víctimas de su propio mecanismo. Obviamente que las represiones no son gratuitas. Aquí también se han eliminado familias del poder. Pero no pasa nada, entre ellos continúa el dominio económico, político... Víctimas somos todos porque estamos llevando ese peso enorme de la desigualdad”.
Ángela Patricia Arias en la cooperativa agropecuaria de mujeres víctimas supervivientes de Santiago Pérez, Ataco. | Imagen: Elena Bulet.
En la misma línea, Ángela Patricia Arias, víctima de desplazamiento forzado que impulsa actualmente proyectos productivos comunitarios junto con otras mujeres y trabaja en la pedagogía por la paz en el municipio de Ataco (Tolima), considera que "aportarle a la paz no es solamente decir ‘quiero paz y la apoyo’, sino trabajar para erradicar la pobreza”.
Ángela Patricia explica que ella trabaja para crear oportunidades de vida en su municipio, uno de los factores por los que nació la violencia: “muchos de nuestros jóvenes tomaron las armas por falta de oportunidades (...). Yo pienso que, si nosotros le apostamos al tema productivo, a la erradicación de la pobreza, es una manera muy importante de apoyar la paz”.
Otra característica común de la paz sobre la que las víctimas-supervivientes hablan es su carácter local. Desde la finca donde trabaja con mujeres víctimas-supervivientes, Ángela Patricia afirma que “la paz no es de un gobierno, es de la comunidad y de aquellos que hemos vivido y sentido en carne propia la violencia". Al estar condicionada a dinámicas locales, la paz requiere de una construcción diferencial según las necesidades de la población local. Por eso, como menciona la periodista colombiana Patricia Lara, la existencia de organizaciones constructoras de paz desde los territorios y para los territorios es una condición indispensable para el éxito del proceso de paz.
Para la gobernadora indígena Luz Ángela Yate la paz también requiere de un sentimiento de comunidad y unión, así como de un compromiso con la mediación y la ayuda mutua: “la paz para mí será que vivamos todos en comunidad, en unión. Tener una unidad en la que nosotros y nosotras podamos contar con nuestras compañeras y compañeros en todo momento. Pero también ser escuchados, para que cuando nosotros tengamos algún tipo de problema violento, que vengan a mediar, a intermediar por nosotros, junto con las guardias y los compañeros mayores, que ellos son quienes tienen el conocimiento y la sabiduría”.
Las mujeres víctimas coinciden en que la paz no viene sola, sino que requiere de un esfuerzo colectivo. Para Yuliana Cepeda, la paz es posible, pero hay que construirla entre todos. “Pienso que para que la paz se construya hay que poner mucho compromiso de todas las partes (tanto el campesino, como el concejal, como el gobernador, como el presidente, fuerzas militares, medios de comunicación…). De nada sirve que yo en mi territorio esté trabajando por la paz, cuando un medio de comunicación está diciendo otras cosas”, remarca la exguerrillera.
“La paz ya no es estable y ya está terminando”.
El pesimismo es, por tanto, un factor que también es común en muchas de las mujeres entrevistadas. A pesar del esfuerzo y de las energías puestas durante los últimos ocho años, temen que sus iniciativas se ahoguen por las propias problemáticas sociales que alimentan la pobreza y la desigualad y que son desoídas por las instituciones colombianas. Adonaí Rincón cree, por ejemplo, que Colombia puede tener paz, pero denuncia que la paz actual, que en teoría debe ser estable y duradera, “ya no es estable y ya está terminando”.
Norby Pulido, lideresa del municipio de Villarrica (Tolima), es todavía más pesimista y, en estos momentos, cree que la paz en Colombia no es posible:
“Si me dice un año atrás, sí. Pues porque todo estaba muy reciente y decíamos que, si cumplían los acuerdos de paz, maravilloso. Pero ahora que se están volviendo a organizar las guerrillas ya una lo ve como imposible".
Aun así, las mujeres persiguen el sueño de la paz. La paz para ellas, pero sobre todo para sus hijas e hijos, tal y como expresa Ángela Patricia Arias:
Norby Pulido en la Colonia de Villarrica, Tolima | Imagen: Elena Bulet.
“En Colombia, los sectores que siempre hemos respaldado la paz hemos sido las víctimas, las que hemos vivido la violencia en carne propia. No queremos que nuestros hijos tengan que vivirlo, queremos que tengan oportunidades de estudiar, un mejor futuro, ser personas de bien (...). Nosotras desde el grupo de mujeres seguiremos apoyando la paz, que sea una paz incluyente, que no se quede en las cátedras y capacitaciones (...). Falta mucho por hacer en el territorio, pero seguiremos trabajando para que sea una realidad”.
Una de las vías principales por las cuales las mujeres víctimas-supervivientes defienden la construcción de la paz es a partir de la narración de lo vivido, una práctica que tiene el potencial de transformar tanto a la narradora como a la sociedad. Si ella está dispuesta a escuchar.